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Exdirectivo de Segalmex es vinculado a proceso por uso indebido de recursos

Exdirectivo de Segalmex es vinculado a proceso por uso indebido de recursos

El exdirector de Administración y Finanzas del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste fue vinculado a proceso por jueza federal con residencia en el Reclusorio Norte debido a la acusación de uso indebido de recursos público.

Gavira Segreste es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a una firma en un contrato de renovación en calidad de Apoderado Legal y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió, del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos, contraviniendo lo estipulado en el artículo 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Entre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), sostienen que el imputado entregó múltiples contratos sin licitar, realizó compras simuladas y llevó a cabo gastos no acreditados por más de mil 500 millones de pesos durante su gestión de tan sólo un año.

Para la jueza de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con las pruebas aportadas por la FGR se acredita la existencia de los hechos que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del mismo.

La acusación quedó formalmente adscrita como uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad cuando el servidor público que ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico.

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El exfuncionario llevará su proceso en libertad, luego de que la jueza le impuso como medidas cautelares, la presentación quincenal a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional para la firma del libro de procesado, prohibición de salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana y prohibición de acercarse a los testigos.

Asimismo, otorgó a la FGR un plazo de tres meses para la investigación complementaria, en la audiencia de imputación.

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