En México, el folclore político nacional está lleno de casos donde la línea entre el servicio público y el saqueo institucional se desvanece más rápido que el presupuesto. El club de los exmandatarios caídos en desgracia, o mejor dicho, en pausa estratégica, celebró una sesión extraordinaria, no hubo brindis con champaña ni selfis para presumir en redes, pero el ambiente dentro del selecto gremio respiraba un renovado aire de optimismo.

Tomemos como protagonista de este último capítulo al exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, quién tras casi una década durmiendo en el penal federal de Morelos, un juez federal decidió absolverlo la semana pasada del delito de delincuencia organizada, argumentando que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar la red criminal detrás del escandaloso desvío de terrenos. Por supuesto, esto no significa que haya quedado totalmente libre, Borge continuará su proceso por lavado de dinero, pero desde la comodidad de una residencia y portando un moderno brazalete electrónico. Lo que les inyecta una dósis de “esperanza” a exmandatarios que esperan sentencias a sus juicios.

Déjeme suponer que la noticia de ese día corrió como pólvora en otros reclusorios, donde ex gobernadores se enteraban que Roberto Borge, el otrora todopoderoso jerarca de Quintana Roo, acababa de abandonar el frío asfalto del penal. Tomás Yarrington, Javier Duarte, Mario Marín, Roberto Sandoval, César Duarte, quienes son integrantes del exclusivisimo club al que me refiero, seguramente tuvieron pensamientos y sensaciones positivas que les devuelven la posibilidad de salir impunes en los casos que los tienen tras las rejas.

Desde su trinchera de reclusión, Javier Duarte, el filósofo de la abundancia veracruzana, esbozó una mueca que pretendía ser una sonrisa. Famoso por su célebre teorema sobre la paciencia y las moralejas del destino, Duarte miraba los muros sabiendo que la justicia mexicana es, ante todo, una forma de suspenso. Él, que vió licuarse los fondos públicos de su estado, entiende a la perfección las reglas del juego: El arresto domiciliario de Borge no es impunidad; es, simplemente, el ascenso de un colega al siguiente nivel del “home office” judicial.

Un poco más al norte del tablero penitenciario, César Duarte rumiaba sus propios expedientes en Chihuahua. Su historial de propiedades adquiridas y desvíos multimillonarios parecía sacado de un manual de alta estrategia inmobiliaria, congelado en el tiempo por los lentos engranajes procesales. Y ahora, al observar el éxito de su colega Borge, el chihuahuense reafirmó su fe en el código penal nacional, ese maravilloso laberinto legal donde un amparo bien colocado vale más que mil testigos. La lección parece clara para Duarte Jáquez: El tiempo lo cura todo, especialmente las prisiones preventivas que amenazan con eternizarse.

No muy lejos, compartiendo el peso de la nostalgia institucional, Roberto Sandoval contemplaría el panorama desde su celda por presuntos vínculos incómodos y desvío de recursos en Nayarit. Sandoval seguramente piensa que portar un sofisticado brazalete electrónico en la comodidad de una sala con aire acondicionado siempre será más digno que desfilar con un uniforme color caqui y pasar lista tres veces al día. Y es que, para este grupo de visionarios incomprendidos, la política nunca fue el arte de servir, sino una tómbola de alta velocidad donde el premio principal consistía en gobernar seis años y resistir los siguientes defendiéndose con los mejores bufetes que el robo al erario estatal les pudo financiar.

La velada imaginaria de este club con los gobernadores presos cerraría con una certeza compartida: En el gran teatro de la política mexicana, las sentencias severas son meras sugerencias de guion y los juicios penales, largas telenovelas de las que el público termina por aburrirse; ya que mientras los ciudadanos de a pie sigamos pagando los platos rotos, ellos continuarán ensayando sus discursos de inocencia, confiados en que la burocracia judicial es lenta, pero asombrosamente flexible con ellos, llegado su momento.

Borge ya descansa en casa, cenando lejos del “rancho penitenciario”; para Marín, Yarrington, Sandoval y los Duarte, solo escuestión de esperar a que el juez en turno encuentre el ‘hilo negro’ de sus respectivos expedientes. Porque el reciente giro en el destino de Borge cayó como un bálsamo de esperanza sobre este sindicato informal de criminales de la política interna de México.

La historia de los exgobernadores en México parece un guion escrito con el color de la tinta de quién gobierna. La reciente absolución de Roberto Borge y su mudanza a prisión domiciliaria con brazalete, junto con el destino de otros exmandatarios, demuestra que en la política nacional, el encierro a veces es solo un trámite temporal.

Si bien, la resolución de los casos de los exgobernadores se define de forma individualizada y avanza al ritmo de las impugnaciones que los abogados interponen ante el Poder Judicial de la Federación, lo que hace imposible predecir un día exacto para las condenas finales, cambio de medidas cautelares o conclusión de sentencias de estos miembros VIP de nuestro sistema de reclusión penitenciaria.

Estos personajes, que en su momento de gloria caminaban sobre las leyes, se convirtieron en residentes obligados del sistema penal mexicano. Pero incluso dentro de la prisión, sus historias de justicia se mueven a un ritmo exasperante: exoneraciones parciales, cambios de medidas cautelares y prisiones domiciliarias doradas que hacen que el ciudadano común se pregunte si la justicia alguna vez llega de forma íntegra.

El destino final para estos “virreyes” o repertorio de exgobernadores presos, nos deja una moraleja: El poder en México puede llevar a la cárcel, pero la riqueza mal habida, con frecuencia, compra un boleto de salida o un encierro bastante más cómodo. Después de todo, hay cosas que el dinero si puede comprar.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Exgobers presos quieren “Home Office” apareció primero en La Chispa de Chiapas.

La estrategia federal contra el crimen se ha enfocado en neutralizar a generadores de violencia y desarticular redes delictivas, lo que ha generado la detención de 56 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto en los primeros 20 meses de la administración de Claudia Sheinbaum.

De seguir Omar García Harfuch con ese ritmo de detenciones, para el final del sexenio estaría deteniendo a un total de 201,600 delincuentes que engrosarían los números de la población penitenciaria en México, que ya se encuentra rebasada; lo que me lleva a preguntar: ¿A dónde van a meter a tanto pillo?

Y lo pregunto de manera seria, porque el sistema penitenciario mexicano enfrenta desde hace décadas una crisis que ha llegado a calificarse como insostenible. Porque las cárceles en lugar de fungir como espacios orientados a la reinserción social y la rehabilitación, se han convertido en centros de castigo y vulneración de derechos humanos donde el hacinamiento es la regla y no la excepción.

De acuerdo con el “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional”, el sistema carcelario del país enfrenta un hacinamiento récord que supera los 261 mil internos, generando hasta el mes de mayo de 2026 un excedente general de más de 34 mil personas por encima de la capacidad instalada. Y si le agregamos los 200 mil hombres y mujeres que delinquen y a quienes nuestras autoridades pondrían tras las rejas, estaríamos ante la imperiosa necesidad de acrecentar los espacios penitenciarios casi en un cien por ciento.

De las aproximadamente 260 prisiones estatales del país, cerca de 148 centros operan con sobrecupo. Mientras los penales locales sufren una crisis severa por el hacinamiento récord del sistema, los centros federales se reportan sin sobrepoblación en términos globales, aunque con muy pocos espacios disponibles: Cuentan con solamente 6,590 espacios libres a nivel nacional.

Los estados con mayor sobrepoblación carcelaria en México son el Estado de México, donde la crisis penitenciaria registra un exceso de 23,306 personas; Sonora, 8,125 internos por encima de su límite; Chiapas, 2,687 personas en exceso; Nayarit, tiene una saturación crítica de 2,420 personas; y Quintana Roo, con una sobrepoblación de 2,320 reclusos.

Los 261 mil reclusos actuales, más los que se acumulen con los operativos de Harfuch, tienen que resignarse a la existencia de un sistema de justicia penal lento y también saturado, donde el rezago en los expedientes mantiene a los procesados esperando años por una resolución o sentencia judicial.

La saturación de los espacios carcelarios y la escasez de custodios propician el surgimiento de redes de corrupción y regímenes de autogobierno, donde grupos criminales controlan el interior de los penales. Incluso los cuatro principales motines durante la actual administración federal son dignos de mencionarse, como el del Penal de Villahermosa, en diciembre de 2024; el del Penal de Tuxpan, en agosto de 2025; el del Penal de Puerto Vallarta, en febrero de este año y del Penal de Sonora, apenas en mayo pasado.

Estamos viviendo una política criminal reactiva por parte de la actual administración federal. No es suficiente con que haya más policías en las calles apresado delincuentes, es momento que hagan una prospección profesional que acrecente capacidad de fiscalías, juzgados y centros carcelarios.

Tengo amigos con quienes hago el Focus Group para el tratamiento de los temas que aquí publico y no les gusta que compare a México con naciones europeas. Porque me dicen que se puede prestar a que ataco al que dijo que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, así que solamente diré que según los datos actuales, el mejor sistema penitenciario es el noruego, aunque lo que México debe hacer, va más en el sentido de lo hecho por Bukele en El Salvador.

Es imperativo reformar el sistema de justicia penal para limitar el uso de la prisión preventiva, agilizar los procesos judiciales y dignificar la infraestructura existente, priorizando siempre la verdadera reinserción social. No una reforma electorera como la que hemos sido testigos que ha sucedido en los últimos periodos legislativos. Y lo más relevante: ¡Hace falta presupuesto!

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que 56 mil personas han sido detenidas en lo que lleva de gestión. Y sin lugar a dudas son buenas noticias, pero aún hay muchas aristas por atender….

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Muchos arrestos y pocas celdas apareció primero en La Chispa de Chiapas.

El Mundial de fútbol conlleva riesgos deportivos y extradeportivos, desde los normales, a los circunstanciales, topando con los críticos y profundos, que van desde los impactos en la salud de los jugadores por calor extremo y estrés térmico, a los accidentes dentro y fuera de las canchas, hasta desafíos de seguridad marcados por la violencia y el crimen organizado, a lo que se suman amenazas cibernéticas, inestabilidad por protestas sociales y preocupaciones sobre la explotación infantil y trata de personas.

Hoy solamente deberíamos estar hablando de la salud de los jugadores por el Cambio Climático, que llega a un extremo por el “Estrés Térmico”, o de las duras jugadas por la disputa de balón que pueden derivar en lesiones para los jugadores; estoy hablándole de accidentes dentro de la cancha. Sin dejar de lado los accidentes fuera de la cancha, debido a kilómetros y kilómetros de recorridos que harán las selecciones desde sus campamentos hasta los sitios donde jugarán cada encuentro y que los ponen en riesgo permanente.

No es exagerado hablar del factor climático, ya que diversas organizaciones científicas han advertido a la FIFA que una cuarta parte de los partidos del Mundial podrían disputarse bajo niveles de calor extremo. Los expertos alertan que el estrés térmico pone en peligro real la salud física de los futbolistas, con temperaturas que pueden alcanzar umbrales críticos durante el llamado “verano boreal” en Norteamérica; convirtiéndose así en uno de los riesgos más alarmantes para los protagonistas del torneo: el impacto del cambio climático.

Eso sería de lo único que deberíamos estar hablando, pero no es así. Hay una visible polarización y están latentes protestas sociales; hay amenazas a la seguridad y ciberseguridad; crimen organizado; invisibilidad de delitos, además de abusos a menores y trata de mujeres; entre otros temas más que lamentablemente seguirán siendo noticia.

En México, un megaevento deportivo de esta envergadura se convierte en una plataforma de alta visibilidad que atrae movilizaciones de descontento social; donde jubilados, colectivos, magisterio y organizaciones de familiares de personas desaparecidas están recurriendo a bloqueos, marchas y protestas para visibilizar la crisis local y exigir respuestas gubernamentales, lo que puede generar disrupciones logísticas y sociales. No deseables, pero seguramente serán sucesos que viviremos.

Fuera de las canchas, los Mundiales actúan como catalizadores de tensiones políticas globales y polarización social. Las restricciones migratorias, las prohibiciones de viaje y las tensiones en Oriente Medio marcan el panorama geopolítico de torneos como la actual Copa Mundial de la FIFA, impidiendo que muchos aficionados de diversas partes del mundo puedan asistir libremente o sin el riesgo de detenciones arbitrarias.

Para garantizar la seguridad de estos eventos, los gobiernos suelen desplegar operativos masivos que involucran a decenas de miles de elementos del ejército y la marina, lo que genera un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables y las poblaciones de las colonias cercanas a los estadios y que resultan afectadas por los operativos que serán desplegados.

La aglomeración de grandes masas de personas y turistas abre la puerta a la proliferación de delitos oportunistas y organizados. En el plano digital, el entorno se vuelve hostil, con un incremento en los ciberataques, estafas y fraudes que afectan a la ciudadanía ante la falta de infraestructura pública preparada. Además, académicos consultados por ‘Focus Group’ advierten sobre “puntos ciegos” alarmantes, como el aumento de la trata de mujeres y la explotación infantil, impulsados por redes que operan aprovechando los momentos de mayor impunidad y flujo de personas.

Los recientes brotes de violencia extrema en Jalisco, tras incidentes contra el crimen organizado encendieron alarmas internacionales sobre las garantías de seguridad en sedes como Guadalajara. La respuesta gubernamental ha sido el despliegue masivo de casi 100,000 efectivos militares bajo el “Plan Kukulkán”. Operativo que no impidió que la embajada de Estados Unidos emitiera alerta a visitantes para viajar a Jalisco.

En Estados Unidos, los tiroteos recientes reportados cerca de campamentos base, como el ocurrido a pocos kilómetros de la concentración de Inglaterra en Kansas City, evidencian los riesgos cotidianos de la crisis de armas en suelo estadounidense.

En Canadá, aunque los niveles de delincuencia violenta general son bajos en Vancouver y Toronto, comparados con las ciudades sede de Estados Unidos y México, las autoridades canadienses han destinado una inversión especial en seguridad pública para contener diversas amenazas operativas y de salud. Se dice que existe un velo de sospecha ante amenazas terroristas que han surgido en las últimas horas.

Bajo ese tétrico escenario, estamos a horas del arranque del Mundial 2026, que corre el riesgo de convertirse en reflejo de la descentralización del torneo en un continente fragmentado y en crisis entre sus mandatarios, lo que no contribuye a la alegría del fútbol; pero lo que si distribuye por igual en los tres países, es la responsabilidad de los riesgos.

Rodará la pelota y con ella crecerá la presión de todo lo que puede suceder; y cuando la pelota deje de rodar, las ciudades anfitrionas tendrán que hacer frente a “la resaca” que dejarán el desplazamiento social, seguridad, logística e impacto ecológico de un evento que, en su afán de ser el más grande de la historia, olvidó cómo ser sostenible, seguro y alegre. Anhelo equivocarme y que sea un buen evento donde veamos ese gran espectáculo llamado fútbol.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Sedes bajo fuego, crimen y polarización apareció primero en La Chispa de Chiapas.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido consolidado una transformación estructural profunda en el país, marcada por una intensa agenda de reformas constitucionales y legales.

Mediante un uso estratégico de su mayoría legislativa, el gobierno ha logrado cristalizar modificaciones de gran calado que van desde la histórica elección popular de jueces y magistrados, hasta la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

A toda costa ha buscado la consolidación de Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas, aunque las calificadoras le han jugado en contra de sus intenciones; y la desaparición de diversos órganos autónomos han sido otro factor que refleja saldo en contra. Pero todo esto también, termina por delinear un nuevo modelo institucional.

Este ritmo incesante de cambios apunta a la reconfiguración del andamiaje jurídico y operativo del Estado. En el corazón de esta intensa actividad reformista destaca la reciente reestructuración del Poder Judicial; llamada por algunos “La Reforma” de la Reforma.

Lejos de tratarse de una medida aislada, esta modificación se sumó a una ola de cambios orgánicos que incluye la elevación a rango constitucional de programas de bienestar social, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento pleno de la igualdad sustantiva de las mujeres.

Asimismo, con iniciativas enfocadas en el plano laboral, como el progresivo ajuste a una semana de cuarenta horas y estrictas directrices de austeridad republicana, la ejecutiva federal busca imprimir un sello de mayor rectoría estatal.

Para la administración en curso, este activismo diario no es un mero trámite parlamentario, sino el corazón del proyecto político de lo que llaman “transformación”. Desde la perspectiva oficial, estas adecuaciones son indispensables para erradicar vicios del pasado, frenar la corrupción y asegurar que las instituciones respondan a las demandas populares.

El argumento central es que la arquitectura legal heredada de administraciones anteriores, el bloque denominado “neoliberal”, resultaba incompatible con los objetivos de justicia social y soberanía nacional delineados para esta etapa de la autodenominada Cuarta Transformación.

Sin embargo, esta vertiginosa reingeniería institucional genera una fuerte polarización en la esfera pública. Voces opositoras y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por lo que consideran una concentración excesiva de poder, el debilitamiento de los contrapesos democráticos y la vulneración de la autonomía de los antiguos organismos reguladores.

Para los críticos, legislar reformas estructurales de forma tan acelerada, y con una visión centralizadora, corre el riesgo de politizar áreas técnicas del gobierno e inclusive podría comprometer el cumplimiento de tratados internacionales, de los que México forma parte.

En conclusión, la agenda de la presidenta Sheinbaum representa “un antes y un después” en la historia contemporánea de México. Al modificar decenas de artículos fundamentales y crear nuevas leyes secundarias, su gobierno no solo consolida un nuevo paradigma de gobernanza, sino que establece un escenario de permanente debate nacional.

La viabilidad, eficacia y legitimidad de este rediseño institucional dependerán en gran medida de su instrumentación práctica y de la capacidad del Estado para mantener la estabilidad política y económica en un entorno de profundos cambios estructurales.

Mientras todo eso y más se cocina, Claudia Sheinbaum llamó a movilizarse el domingo en defensa de la 4T tras las acusaciones de Estados Unidos contra políticos morenistas. La presidenta afirmó que hay sectores en la unión americana que buscan influir en México y “tener un gobierno a modo”, lo que también revela por qué se propone la reforma anti-injerencista que anularía elecciones. “El show” anunciado desde Palacio será simultáneo en todo el país y se realizará mientras crece la presión por los señalamientos contra funcionarios ligados a Morena, pero también sucederá mientras la mayor parte de los cambios legales suceden en el país.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ El polémico rediseño del Estado mexicano apareció primero en La Chispa de Chiapas.

Hay una conexión directa entre las redes de narcotráfico y los cárteles en México con la reintroducción del gusano barrenador a los Estados Unidos y de eso se dió cuenta el jueves pasado en el Senado del Estado de Texas.

Y el asunto no es menor, ya que Ammon Blair, investigador principal de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, testificó ante el Comité de Agua, Agricultura y Asuntos Rurales del Senado de Texas sobre la creciente amenaza de la reintroducción del “Gusano Barrenador del Nuevo Mundo” en los Estados Unidos y su conexión directa con las redes de tráfico controladas por cárteles que operan desde México.

Argumentó que los cárteles mexicanos han expandido su control más allá del tráfico de drogas tradicional, integrándose en sectores económicos legales como la agricultura, el transporte y la cadena de suministro de ganado. Y señaló dura y contundentemente a México de ser el primer lugar en el mundo en mercados criminales y el tercer lugar en criminalidad general.

Por su importancia y para que no se diga que daré un matiz diferente a la postura del investigador compareciente ante el Senado de Texas, traduzco y transcribo una intervención de un minuto y cincuenta y cinco segundos que está en el canal oficial de la TPPF en YouTube: https://youtu.be/U2_zRQGb58E?si=x3pFIN6M62d-cYrG y que empieza dirigiéndose al senador Charles Perry presidente Comité de Agua, Agricultura y Asuntos Rurales del Senado de Texas: “Buenas tardes, Presidente Perry y miembros del comité. Gracias por la oportunidad de testificar. Mi nombre es Ammon Blair. Soy investigador principal de la Fundación de Políticas Públicas de Texas.

Texas no se enfrenta actualmente a un país vecino normal, sino a un narcoestado cada vez más autocrático, donde los cárteles y elementos del gobierno mexicano operan en simbiosis consciente y voluntaria en importantes sectores económicos, como la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio.

El resurgimiento del “Gusano Barrenador del Nuevo Mundo” pone de manifiesto las consecuencias de esta realidad. Durante años, Estados Unidos se centró casi exclusivamente en narcóticos como el fentanilo y la inmigración ilegal en la frontera sur, ignorando en gran medida el vasto mercado criminal que controlan los cárteles en México y partes de Latinoamérica. Estos cárteles ejercen control territorial, corrompen instituciones, capturan sistemas políticos y se han integrado directamente en economías legítimas.

México ocupa ahora el primer lugar en el mundo en mercados criminales y el tercer lugar en criminalidad general entre ciento noventa y tres países. Ese es el entorno operativo en el que ahora funciona la cadena de suministro de ganado. El riesgo de reintroducción del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos está directamente vinculado a las operaciones de tráfico controladas por los cárteles.

Más de ochocientas mil cabezas de ganado de América del Sur y Central se trasladan a México cada año a través de la frontera con Guatemala. Los cárteles blanquean ese ganado en cadenas de suministro legítimas utilizando crotales falsificados, documentación veterinaria falsificada y redes logísticas corruptas.

El brote de gusano barrenador ha sido mapeado y sus patrones reflejan las rutas de tráfico de los cárteles, propagándose rápidamente hacia el norte a lo largo de los mismos corredores de contrabando que los inmigrantes ilegales, especialmente a través del Tapón del Darién (Selva y pantanos entre Colombia y Panamá). Por lo tanto, independientemente de las políticas o protocolos que se implementen, si no se abordan estas redes de tráfico de los cárteles, los riesgos de enfermedades o ganado infestado en Texas y Estados Unidos persistirán”.

Las redes internacionales que señala la TPPF, evidencian riesgo para la industria ganadera, infiltración de cárteles en el comercio legítimo, así como seguridad fronteriza y bioseguridad, que son los tres aspectos a los que se refiere Ammon Blair, pero además, deja una contundente crítica sobre México y su nada orgulloso “liderazgo criminal”, que nos sigue afectando reputacionalmente.

Texas Public Policy Foundation (TPPF), es una fundación que frecuentemente actúa como un grupo de presión (“Think-Tank”, como le llaman en el argot gringo) que influye en la legislación local y nacional mediante el análisis de datos, campañas públicas y litigios legales.

Y hoy la intención es clara: Exhibir el peligro latente que representa este parásito para la producción de carne y la economía agrícola de Texas; lo expuestas que se encuentran actividades como la agricultura, el transporte y la cadena de suministro de ganado, donde ya hay involucramiento de cárteles; y la seguridad fronteriza que está amenazada por México, ya que el Senado de Texas advierte que el gusano barrenador viaja por las mismas rutas del narco y eso incluye al menos a los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas.

Mientras no se combatan las redes de tráfico de ganado desde los cárteles, ninguna política o protocolo por sí solo será suficiente para proteger a Texas y al ganado estadounidense. Y si eso pasa en Estados Unidos, ya ni le cuento cómo seguirán empeorando las cosas en México…
*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ Texas, Cárteles y Gusano Barrenador apareció primero en La Chispa de Chiapas.

En los meses previos y durante el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2014, Brasil enfrentó una ola de protestas masivas bajo los lemas “¡No habrá Copa!” y “¡FIFA vete a casa!”. Los brasileños protestaban por el alto costo de la organización en contraste con la falta de inversión en servicios públicos, educación y salud.

A pocos días del inicio, el metro de São Paulo paralizó sus actividades. También hubo huelgas de policías y maestros, así como movimientos sociales como el de los “Trabajadores Sin Techo” que bloquearon decenas de vías principales. Durante el partido inaugural, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar manifestantes cerca del estadio Maracaná.

Eso fue Brasil en 2014. Hoy en México 2026, a solamente 30 dias del partido inaugural, surge la amenaza de una huelga nacional de maestros y en unos días se desarrollará una megamarcha, en ocasión del Día del Maestro (15 de mayo), que será el primer termómetro para apreciar si trae o no, fuerza el movimiento magisterial.

Si la estrategia gubernamental para negociar con el magisterio sigue siendo recortar días de escuela e improvisar calendarios, el marcador político antes de que ruede el primer balón del Mundial ya va perdiéndose en el terreno de la educación pública.

El magisterio disidente acusa que adelantar el fin de clases del 15 de julio al 5 de junio no era una medida pedagógica, sino un burdo intento político para vaciar las aulas y desactivar sus protestas de cara al Mundial de Futbol de la FIFA 2026

Los líderes de la Coordinadora ya advierten que aprovecharán que los ojos del mundo estarán sobre México para visibilizar sus demandas, amenazando la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional y las inmediaciones del Estadio Azteca. Y ni qué decir de Monterrey y Guadalajara, que también serán sedes mundialistas.

Las secciones 9 de Ciudad de México, 7 de Chiapas, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca, son los cuatro bastiones históricos que operan como un engranaje perfecto de movilización masiva para la CNTE. Solamente la sección 9 de CDMX, por si sola, con su demostrado control de las escuelas de educación básica en la capital, garantizarían que el Zócalo y las avenidas principales se conviertan en un campamento permanente a partir del 15 de mayo.

La Sección 22 de Oaxaca, es una especie de motor de la Coordinadora. Su capacidad de desplazar a decenas de miles de docentes hacia la capital del país corta de tajo la normalidad, a la que se sumarían Tabasco y Veracruz que son estados del sureste, que refuerzan los contingentes que cercarán las sedes federales.

Las secciones 7 y 18 de Chiapas y Michoacán, respectivamente, son especialistas en la presión periférica. Controlan vías férreas, carreteras federales y casetas de peaje, aislando económicamente regiones enteras como mecanismo de presión paralelo a las marchas en la Ciudad de México.

Históricamente, cada vez que el gobierno intenta asfixiar las protestas mediante decretos administrativos, cambios de calendario o el uso velado de la fuerza pública, la CNTE responde radicalizando su postura. Esta huelga nacional es la viva prueba de que las soluciones superficiales sólo han servido para encender un polvorín laboral que ahora está listo para estallar justo cuando el país necesita proyectar estabilidad global.

La táctica del Estado mexicano frente a la CNTE no ha cambiado en décadas; el gobierno actual repite los mismos vicios de simulación que criticaba en el pasado. ¿Y qué exigen? Pues la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidario en lugar de las cuentas individuales de las Afores; reclaman la reparación de la reforma educativa, exigiendo un verdadero régimen sociolaboral justo para el magisterio; y denuncian que la Secretaría de Gobernación les ha tendido trampas en las supuestas mesas de trabajo que califican como una mera fachada política.

La huelga de la CNTE próxima a arrancar podría ser la gota que derrame el vaso y sentencie la salida de Mario Delgado de la Secretaría de Educación Pública o de Rosa Icela Rodríguez de la Secretaría de Gobernación. Estamos ante una sentencia clara para el gobierno de Claudia Sheinbaum: la gobernabilidad del país no se resuelve decretando el fin anticipado de las clases ni disimulando el descontento social bajo el tapete de un torneo de futbol internacional. Al haber intentado vaciar las aulas para limpiar las calles, el Estado solo consiguió encender la mecha de un gremio que sabe perfectamente cómo arruinar una fiesta global.

El balón está en la cancha de Palacio Nacional. Si la respuesta oficial sigue siendo la administración del conflicto y la cerrazón financiera ante las pensiones, el marcador político para esta administración se definirá por goleada en contra, mucho antes de que el silbato de la FIFA inaugure el primer partido en el Estadio Azteca: ¿Acaso se repetirán las escenas de Brasil 2014 con gases lacrimógenos en plena inauguración mundialista?

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ Huelga y Mundial: Cara a Cara apareció primero en La Chispa de Chiapas.

En los meses previos y durante el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2014, Brasil enfrentó una ola de protestas masivas bajo los lemas “¡No habrá Copa!” y “¡FIFA vete a casa!”. Los brasileños protestaban por el alto costo de la organización en contraste con la falta de inversión en servicios públicos, educación y salud.

A pocos días del inicio, el metro de São Paulo paralizó sus actividades. También hubo huelgas de policías y maestros, así como movimientos sociales como el de los “Trabajadores Sin Techo” que bloquearon decenas de vías principales. Durante el partido inaugural, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar manifestantes cerca del estadio Maracaná.

Eso fue Brasil en 2014. Hoy en México 2026, a solamente 30 dias del partido inaugural, surge la amenaza de una huelga nacional de maestros y en unos días se desarrollará una megamarcha, en ocasión del Día del Maestro (15 de mayo), que será el primer termómetro para apreciar si trae o no, fuerza el movimiento magisterial.

Si la estrategia gubernamental para negociar con el magisterio sigue siendo recortar días de escuela e improvisar calendarios, el marcador político antes de que ruede el primer balón del Mundial ya va perdiéndose en el terreno de la educación pública.

El magisterio disidente acusa que adelantar el fin de clases del 15 de julio al 5 de junio no era una medida pedagógica, sino un burdo intento político para vaciar las aulas y desactivar sus protestas de cara al Mundial de Futbol de la FIFA 2026

Los líderes de la Coordinadora ya advierten que aprovecharán que los ojos del mundo estarán sobre México para visibilizar sus demandas, amenazando la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional y las inmediaciones del Estadio Azteca. Y ni qué decir de Monterrey y Guadalajara, que también serán sedes mundialistas.

Las secciones 9 de Ciudad de México, 7 de Chiapas, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca, son los cuatro bastiones históricos que operan como un engranaje perfecto de movilización masiva para la CNTE. Solamente la sección 9 de CDMX, por si sola, con su demostrado control de las escuelas de educación básica en la capital, garantizarían que el Zócalo y las avenidas principales se conviertan en un campamento permanente a partir del 15 de mayo.

La Sección 22 de Oaxaca, es una especie de motor de la Coordinadora. Su capacidad de desplazar a decenas de miles de docentes hacia la capital del país corta de tajo la normalidad, a la que se sumarían Tabasco y Veracruz que son estados del sureste, que refuerzan los contingentes que cercarán las sedes federales.

Las secciones 7 y 18 de Chiapas y Michoacán, respectivamente, son especialistas en la presión periférica. Controlan vías férreas, carreteras federales y casetas de peaje, aislando económicamente regiones enteras como mecanismo de presión paralelo a las marchas en la Ciudad de México.

Históricamente, cada vez que el gobierno intenta asfixiar las protestas mediante decretos administrativos, cambios de calendario o el uso velado de la fuerza pública, la CNTE responde radicalizando su postura. Esta huelga nacional es la viva prueba de que las soluciones superficiales sólo han servido para encender un polvorín laboral que ahora está listo para estallar justo cuando el país necesita proyectar estabilidad global.

La táctica del Estado mexicano frente a la CNTE no ha cambiado en décadas; el gobierno actual repite los mismos vicios de simulación que criticaba en el pasado. ¿Y qué exigen? Pues la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidario en lugar de las cuentas individuales de las Afores; reclaman la reparación de la reforma educativa, exigiendo un verdadero régimen sociolaboral justo para el magisterio; y denuncian que la Secretaría de Gobernación les ha tendido trampas en las supuestas mesas de trabajo que califican como una mera fachada política.

La huelga de la CNTE próxima a arrancar podría ser la gota que derrame el vaso y sentencie la salida de Mario Delgado de la Secretaría de Educación Pública o de Rosa Icela Rodríguez de la Secretaría de Gobernación. Estamos ante una sentencia clara para el gobierno de Claudia Sheinbaum: la gobernabilidad del país no se resuelve decretando el fin anticipado de las clases ni disimulando el descontento social bajo el tapete de un torneo de futbol internacional. Al haber intentado vaciar las aulas para limpiar las calles, el Estado solo consiguió encender la mecha de un gremio que sabe perfectamente cómo arruinar una fiesta global.

El balón está en la cancha de Palacio Nacional. Si la respuesta oficial sigue siendo la administración del conflicto y la cerrazón financiera ante las pensiones, el marcador político para esta administración se definirá por goleada en contra, mucho antes de que el silbato de la FIFA inaugure el primer partido en el Estadio Azteca: ¿Acaso se repetirán las escenas de Brasil 2014 con gases lacrimógenos en plena inauguración mundialista?

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ Huelga y Mundial: Cara a Cara apareció primero en La Chispa de Chiapas.

No debe ser fácil estar hoy en los zapatos de Claudia Sheinbaum. La presidenta tiene varios frentes abiertos; que cada uno vive su propia crisis y amenaza la estabilidad del gobierno que encabeza.

Por un lado movilizaciones sociales de campesinos, transportistas, pensionados, maestros y personal del sector salud; y por otro lado los temas de seguridad pública, que incluye una crisis en materia de Derechos Humanos y un pleito con la ONU. Porque a pesar de los reportes oficiales de reducción en homicidios, extorsión y violencia relacionada con el narcotráfico, siguen siendo un aspecto de crítica pública sobre su administración.

Se enfrenta también a desafíos globales para mantener el crecimiento económico, con analistas expresando dudas sobre la inversión y la certidumbre económica bajo el enfoque de soberanía energética, ante conflictos internacionales como la guerra en Irán, que están derivando en México en una escalada de precios que impactan a nuestra inflación.

La relación con la administración estadounidense se ha vuelto complicada, marcada por decisiones unilaterales de Donald Trump en cuanto a tarifas por el jitomate y amenazas latentes de restricciones comerciales, que desafían a la Presidencia de Sheinbaum, además de presiones en temas de seguridad y revisión del T-MEC, que están ejerciendo mucha presión sobre ella.

Por otro lado, muchas organizaciones han documentado casos de corrupción e impunidad en el primer año de su gobierno, incluyendo el llamado “huachicol fiscal”, huéspedes en embajadas a costas del erario público y temas de nepotismo, lo que generan dudas acerca de su promesa de honestidad.

Por si todo lo anterior fuese poco, tenemos el “Caso Rubén Rocha Moya” y el conflicto diplomático surgido con la administración Trump, ante la solicitud de extradición del mandatario de Sinaloa y nueve de sus más cercanos colaboradores por vínculos directos con el Cártel de Sinaloa y el Grupo Criminal de Los Chapitos.

Es así como pude englobar algunas de las temáticas más complejas que a mayo de 2026, enfrenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y coincidirá usted conmigo en que no se trata de asuntos fáciles de resolver. Particularmente por la línea política que sigue, de continuidad al estilo de Andrés Manuel López Obrador.

Apenas en marzo pasado, está reciente la fractura legislativa por la Reforma Electoral fallida, que llevó a un distanciamiento con sus aliados que hoy ha detonado el cambio en la dirigencia de Morena. Y es que, todos recordamos la propuesta de reforma electoral de Sheinbaum que fue rechazada en la Cámara de Diputados por falta de mayoría calificada, evidenciando tensiones y fracturas dentro de la coalición integrada por Morena, Verde y PT, llegando incluso hasta los reclamos por “deslealtad” entre aliados.

Todo esto y más, generaron que hiciera cambios de cinco titulares en las secretarias de Relaciones Exteriores, Mujeres, Bienestar, Agricultura y la Consejería Jurídica de Presidencia. Y siguen tan revueltas las aguas, que se habla de más cambios en las semanas por venir.

No podemos olvidar que Sheinbaum ha recibido críticas por minimizar los casos de derrames de crudo en el Golfo de México, el accidente del Tren Interoceánico, las fallas en el trayecto del Tren Maya, así como los accidentes en la refinería de Dos Bocas.

A la administración de Sheinbaum le toca lidear con el desprestigio público que enfrentan personajes de la Cuarta Transformación como, Rocha, Adán, Andy, Noroña, “Dato Protegido” y “Cero Votos”, solamente por citar algunos, ya que la lista de impresentables es bastante larga.

En su segundo año de gestión, enfrenta un desgaste no visto quizá desde tiempos de Ernesto Zedillo, con aquel famoso “Error de Diciembre”, sucedido en el primer año de su sexenio y que nos llevo a una crisis económica y política grave. Así que hoy, Claudia Sheinbaum va cuesta arriba para consolidar su gobierno y ejercer control territorial y político de cara a las campañas intermedias de 2027, enfrentando a una oposición que acusa al gobierno de estar coludido con actividades oscuras y dividir a la sociedad con su falsa narrativa. Y termino como empecé: ¡No es fácil ponerse en los zapatos de Claudia Sheinbaum Pardo!

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ Sheinbaum, muchos frentes abiertos apareció primero en La Chispa de Chiapas.

Cuando en México se dice coloquialmente que “una zona está caliente”, es porque se trata de una zona con alta actividad delictiva o inseguridad, muchas veces maleantes coludidos con policías y autoridades ministeriales. Y en los límites de Puebla y Veracruz durante más de una década quien se encargó de “calentar” la zona fue un personaje apodado “El Bukanas”.

La historia de Roberto de los Santos de Jesús “El Bukanas” es vista como una “leyenda” debido a su capacidad para evadir operativos policiacos y militares durante casi una década, ocultándose en la geografía de la sierra, particularmente en la zona de las Altas Montañas de Veracruz y el llamado Triángulo Rojo de Puebla. Se hizo famoso por escapar en 2018 de un operativo donde participaron 500 efectivos de distintas corporaciones; esa capacidad de evasión, demostró un nivel de protección que iba más allá de la simple astucia criminal.

Albañil, policía y comandante, forman su historial antes de convertirse en el capo despiadado al que se le atribuyen ejecuciones de políticos, empresarios y policías ministeriales. Con el robo de trenes en la zona de las Cumbres de Maltrata, inició su carrera delictiva; brincando al robo de tráilers, camiones de carga, autobuses de pasajeros y vehículos particulares; especializándose en el huachicol; para adentrarse también en secuestros y homicidios que se le atribuyen a su organización criminal.

Este fin de semana se confirma la detención de “El Bukanas”, lo que representa un éxito operativo para la seguridad en los estados de Puebla y Veracruz, especialmente por años de operativos fallidos y una capacidad de escape que evidenció la complicidad institucional existente. Su captura pone bajo la lupa la estructura de “Sangre Nueva Zeta”, organización que logró bajo su mando, dominar el lucrativo mercado del robo de hidrocarburos.

Pero hoy en Focus Group me referiré al fenómeno sociológico que representa la organización de “El Bukanas” y que resulta perturbador, ya que fue capaz de construir redes de protección comunitaria en favor de líderes del crimen organizado; por lo que analizar la figura de “El Bukanas” sin entender su relación con la comunidad local es omitir la mitad del problema.

¿Por qué una población protege a quien presuntamente genera violencia? Es la pregunta clave para explicar cómo logró evadir a la justicia durante más de diez años; y es que, se apoyó en lo que expertos denominan una “fundación altruista” o “base social”, que consistió en ir a zonas marginadas del “Triángulo Rojo” y de las Altas Montañas, para que su agrupación delictiva sustituyera con “asistencialismo criminal” a un Estado ausente en muchas de esas comunidades, estableciendo desde ayuda económica directa, pasando por arrendamiento de espacios para la mercancía obtenida en los botines y hasta el reclutamiento de informantes para ser alertados de cualquier operativo.

Esta dinámica genera una simbiosis peligrosa, dado que la comunidad recibe beneficios inmediatos, pero se convierte en cómplice y escudo humano de un grupo delictivo, perpetuando el ciclo de pobreza y violencia; por ejemplo, me hacen saber que distribuían parte de la mercancía y combustible robado o dinero en efectivo a pobladores, ganando lealtad y comprando silencio.

La captura de este objetivo por el que había una recompensa de 5 millones de pesos es una victoria, pero el verdadero desafío radica en desmantelar las redes de protección social que permiten que otro “Bukanas” surja, reemplazando la “protección” delincuencial por una presencia efectiva y social del Estado.

Así que el caso de Roberto de los Santos no termina con su detención. Deja un legado de comunidades secuestradas por la violencia, instituciones de seguridad local debilitadas y una red delictiva que, aunque descabezada, probablemente buscará relevo. La justicia será verdadera no solo con la sentencia de “El Bukanas”, sino con el desmantelamiento de las redes de corrupción y complicidad que permitieron que un objetivo prioritario se convirtiera en un “fantasma” durante tanto tiempo.

El apodo “El Bukanas” suena casi festivo o familiar, pero detrás de ese nombre aparentemente suave y vinculado a una bebida alcohólica, se escondía uno de los líderes más sanguinarios de los últimos tiempos, responsable de emboscadas a militares y ejecuciones brutales. La sonoridad del apodo disfraza la naturaleza delictiva del personaje que también posee un nombre propio casi eclesiástico: Roberto de los Santos de Jesús.

Miles de millones de pesos en mercancías y combustible pasaron por la organización criminal de este capo. Incluso, a su accionar delictivo por robo de transporte de carga en la carretera Orizaba-Puebla le atañen que las aseguradoras incrementaron hasta en un 40% el costo de las pólizas.

Para finalizar debo decir que la ciudadanía en cualquier zona del país no celebra detenciones mediáticas; celebra la disminución real de los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el robo en carreteras. Eso hay que decirlo porque la espectacularidad de una noticia no cambia la realidad ni de Puebla ni tampoco de Veracruz, estados donde la ciudadanía percibe climas latentes de inseguridad.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ “El Bukanas”, azote de Puebla y Veracruz apareció primero en La Chispa de Chiapas.

Tras semanas de desmentidos, minimización del impacto y señalamientos a supuestas “fugas naturales” o “barcos fantasma”, la verdad salió a la luz: fue negligencia operativa. Y es una admisión tardía que surge justamente cuando el crudo está apareciendo en costas de Estados Unidos. ¡El miedo no anda en burro!

La administración federal y la mayoría de las administraciones estatales emanadas de la Cuarta Transformación ha dejado muy claro que lo suyo, lo suyo, lo suyo: no es el manejo de crisis. La falta de gabinetes de crisis al lado de las y los mandatarios ha hecho que les revienten problemas que pudieron evitar.

El reconocimiento de que la fuga provino del complejo Abkatún-Pol-Chuc no debe celebrarse como un acto de transparencia, sino cuestionarse como una admisión tardía, muy tardía, que surge después de un profundo daño a la credibilidad de la presidenta, de secretarios de despacho, de una gobernadora y del mismísimo director de Pemex.

Boletinaron oficialmente mentiras en semanas anteriores, no se cansaron de desmarcarse, manejar versiones inexistentes y minimizar hechos que ya estaban lastimando al ambiente, a la sociedad y a la economía nacional.

Por fortuna, no se cansaron las organizaciones ambientalistas, incluyendo a CartoCrítica, que señalaron mediante imágenes satelitales que el derrame comenzó entre el 6 y el 10 de febrero de 2026, sin embargo, el reconocimiento oficial llegó semanas después, tras afectaciones a casi 900 kilómetros de playas en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Texas.

Pemex ha manejado muy mal sus crisis en los últimos tiempos, ya que prioriza la protección de su reputación financiera sobre la protección de los ecosistemas. En esta ocasión, mientras se negaba la magnitud del siniestro, el turismo disminuyó y las comunidades pesqueras perdían su sustento de Cuaresma, un impacto económico directo por la inacción y la falta de alertas tempranas.

Pemex ha exhibido un sistema de mantenimiento colapsado y con cero grado de respuesta. Hay un evidente daño ambiental, social y económico. La crítica debe ser directa: la “modernización” prometida para Pemex en la actual administración se ha visto opacada por una “normalización” de los accidentes, donde los protocolos de seguridad no están funcionando.

Diversos sectores y organizaciones ambientales como Greenpeace México han señalado a las cabezas de la estrategia energética y de supervisión de Pemex, como el propio titular Víctor Rodríguez Padilla, como responsable directo de la tragedia ambiental de febrero y marzo.

Cotemar o Halliburton, empresas operadoras de las plataformas frente a costas de Campeche, también tendrán que ser investigadas, junto con los tres chivos expiatorios de mandos medios que fueron separados de sus cargos en el interior de Pemex: el líder de derrames, el coordinador de Control Marino y el subdirector de Seguridad.

Estamos frente al cierre de un ciclo de opacidad, pero abre una crisis profunda sobre la gestión ambiental de la empresa estatal. Sobre todo, porque el 60% de los derrames en el Golfo entre 2018 y 2024 no fueron reportados correctamente, según investigaciones de Focus Group basadas en reportes de la propia ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). La cifra nos habla de una cultura corporativa arraigada en la impunidad y la remoción de tres funcionarios tras la confirmación de la fuga es una medida necesaria, pero insuficiente si no viene acompañada de una reestructuración operativa de fondo.

Aceptar la responsabilidad es solamente un primer paso, para un Golfo de México que no puede seguir siendo tratado como una zona de sacrificio en aras de la producción energética. La sociedad mexicana no solo exige que Pemex limpie la playa, sino que impida que el crudo llegue a ella.

Es momento de rediseñar los protocolos de seguridad en complejos críticos como Cantarell, Dos Bocas y la refinería Olmeca, buscando evitar que se repita la cadena de omisiones. Así como establecer programas para evaluar riesgos a la salud, pagar daños a pescadores y comunidades, así como un plan de remediación ambiental. Ojalá que ya no pierdan tiempo y se dejen de tarugadas.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ Pemex confirma que mintieron apareció primero en La Chispa de Chiapas.