TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. El Congreso del Estado de Chiapas determinó, en sesión a puerta cerrada, retirar el fuero constitucional y destituir del cargo de síndico del municipio de Ocosingo a Martín Martínez Díaz, indígena tseltal, acusado de deltos de alto impacto.

Con la asistencia de 37 diputados, el pleno aprobó el juicio de procedencia, dando luz verde a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Tras su destitución, se espera que su suplente asuma el cargo de manera inmediata.

Vinculado a desaparición forzada y crimen organizado

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios recabados por las autoridades, Martínez Díaz habría participado, junto con otras personas, en la privación ilegal de la libertad de un hombre de la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de Ocosingo, hecho ocurrido el año pasado. A la fecha, la víctima continúa en calidad de desaparecida.

Además, se le señala como parte de una red de extorsión sistemática en comunidades indígenas de la Selva Lacandona, donde operaba presuntamente con Cabrero Segundo López, indígena lacandón y jefe de una célula delictiva que actualmente se encuentra en prisión.

Este grupo habría controlado los accesos a la región selvática, paralizando por meses la actividad turística en zonas arqueológicas clave para el estado.

Las investigaciones también recuperaron videos difundidos en redes sociales, donde se observa a Martín Martínez Díaz participando en hechos ocurridos en 2016, cuando un grupo armado desarmó y humilló a elementos de la Compañía de Infantería No Encuadrada en Maravilla Tenejapa, desplegados tras reportes de avionetas con droga.

Detención en operativo conjunto

El pasado 3 de mayo, el ahora exsíndico fue detenido por fuerzas federales, estatales y elementos del Ejército Mexicano en la carretera Benemérito de las Américas-Palenque. Vestido con ropa de campo, botas y sombrero, portaba armas de fuego, cargadores y cartuchos al momento de su captura.

Su arresto provocó un remezón político en el ayuntamiento de Ocosingo, el municipio más extenso del país, donde Martínez Díaz tenía una fuerte presencia territorial y política.

Era conocido por organizar cabalgatas y encuentros comunitarios, siempre acompañado por un grupo de hombres armados que fungían como escoltas no oficiales.

Militante del Partido Verde y figura clave en las elecciones de 2024

Martínez Díaz fue electo como síndico en las elecciones del pasado 2 de junio de 2024, en la planilla encabezada por Angélica Méndez Cruz, actual alcaldesa de Ocosingo, ambos postulados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Durante su discurso tras el triunfo electoral, pronunció palabras que hoy resuenan con ironía:

“Llego puntual a la cita con mi destino. Me llena de profundo orgullo y satisfacción ser parte de la construcción de un Chiapas que se inspira en el humanismo”.

Alcaldesa se deslinda

Tras su detención, la alcaldesa Angélica Méndez Cruz publicó un video en sus redes sociales para deslindarse de su excompañero de fórmula y tomar distancia del escándalo:

“Quiero aclarar que los hechos por los que lo investigan son ajenos al gobierno municipal”, declaró, acompañada de regidores. Añadió su “compromiso con la legalidad” y expresó su respeto al proceso que lleva a cabo la FGR.

El ayuntamiento, según dijo, seguirá atento al desarrollo del caso y colaborará con las autoridades en todo lo necesario.

Un proceso que pone bajo la lupa la gobernabilidad local

La caída de Martín Martínez Díaz evidencia los riesgos que persisten en regiones donde el poder político, la autoridad comunitaria y el crimen organizado se entrecruzan. El caso ha reavivado el debate sobre la penetración del crimen en los gobiernos municipales y la fragilidad institucional en zonas rurales e indígenas del estado.

Las investigaciones continúan abiertas, y se espera que en los próximos días se definan nuevas acciones legales, así como posibles vinculaciones a proceso contra otros implicados.

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“Es un reto estratégico nacional no solo reducir sino acabar con la impunidad de todos los delitos en particular del crimen organizado. Está claro que el gobierno que concluyó en octubre pasado no fue mejor que los anteriores y habrá que esperar a que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno surta efecto para ver si es capaz de avanzar en el cumplimiento de este reto”, puntualizó Pedro Fuentes Hinojosa.

Delitos en la impunidad

Pedro Fuentes Hinojosa hace énfasis en la extorsión, el secuestro, y los feminicidios, como delitos que se han mantenido en la impunidad al pasar las diferentes administraciones y pide al gobierno de Claudia Sheinbaum que tome acciones contundentes para acabar con estos males que se han vuelto parte de la cotidianidad en nuestro país.

“En México, la violencia ha sido un problema persistente y constante. No es algo nuevo, pero las cifras nos muestran un aumento en la violencia e impunidad en los últimos seis años. A lo largo de este tiempo los derechos humanos han sido vulnerados en el país”, afirmó Pedro Fuentes Hinojosa.

Pedro Fuentes Hinojosa resalta que la percepción que existe sobre la justicia en México no es buena. Y es que según diferentes estudios más del 60 por ciento de las personas opinan que la mayoría de los delitos quedan impunes. Solo 1 de cada 10 personas piensa que en nuestro país no hay impunidad.

Pedro Fuentes Hinojosa advierte que la situación de inseguridad que se vive en estados como Sinaloa, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, por citar solo algunos, han marcado una tendencia a la alza en materia de impunidad, dejando en la indefensión a miles de víctimas que deben enfrentar un sistema penal ineficiente y corrupto.

“Iniciamos el 2025 con una grave crisis en materia de seguridad, que se ha extendido por todo el territorio nacional. Los ciudadanos exigimos que el gobierno acabe con la impunidad. La paz no llega y las víctimas siguen aumentado”, finalizó Pedro Fuentes Hinojosa.

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“Televisa le pidió a Rocío Nahle 200 millones de pesos porque tenían un paquete de información sobre la refinería”, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina. El presidente también acusó a los diarios Reforma y El Universal de participar en la campaña contra Nahle. Ambos periódicos, conocidos por su presencia en la Zona Metropolitana del Valle de México, fueron señalados por López Obrador de actuar de manera calumniadora y chantajista.

“El Reforma y El Universal participaron en la campaña en contra de Rocío Nahle cuando era candidata a la gubernatura de Veracruz. Ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista, un periodismo que actúa por consigna, que actúa de manera mercenaria”, enfatizó el presidente.

Revelan Intento de Extorsión a Rocío Nahle: Acusan a Medios de Comunicación

Durante su intervención, López Obrador mostró una portada de El Universal que señalaba un supuesto escándalo por la compra de propiedades en Boca del Río. Según la denuncia, dichas propiedades habrían sido adquiridas con dinero desviado de la construcción de la refinería en Tabasco. Un empresario incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación (FGR) durante la campaña electoral, acusando a Nahle de usar recursos ilícitos para la compra de las propiedades.

La acusación de extorsión y la denuncia de manipulación mediática por parte de López Obrador han generado un fuerte debate sobre el papel de los medios de comunicación en la política mexicana y su relación con los intereses económicos y políticos. La gobernadora electa, Rocío Nahle, no ha emitido comentarios al respecto, pero se espera que esta controversia continúe desarrollándose en las próximas semanas.

La denuncia del presidente López Obrador pone de relieve las tensiones entre su administración y ciertos sectores de los medios de comunicación, y plantea interrogantes sobre la integridad y la ética en el periodismo y la política en México.

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