El documento. que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales en la sesión presencial de este jueves.

Precisa que la SICT podrá participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

En el régimen transitorio indica que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo que no requerirá recursos adicionales ni se incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Además, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas que resulten necesarias para su debida implementación.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, instruyó que las propuestas de modificación registradas para su discusión en lo particular que no fueron presentadas en tribuna, sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.

Habrá más clínicas y hospitales

La diputada Sandra Patricia Palacios Medina (Morena) expuso que estas adecuaciones permitirán facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que pueda participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura destinados a la prestación de servicios de salud.

Añadió que esa participación se hará exclusivamente a solicitud de las autoridades federales competentes y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Dicha facultad –dijo– es importante, porque permitirá aumentar la infraestructura en salud, habrá más clínicas, más hospitales, unidades de consulta externa, funcionales, modernos y bien equipados como lo merece la población y sin un gasto exorbitante de recursos públicos. “Hoy le respondemos al pueblo, le respondemos la exigencia de una salud digna”.

Necesarias, reglas claras sobre participación de SICT

Del PAN, el diputado Gerardo Ponce de León Valdés expresó que aprovechar capacidades, coordinar esfuerzos y avanzar más rápido, suena razonable en el papel, pero no se sabe cómo operará en la realidad, “que es donde aparecen las grietas”, pues la propuesta no delimita responsabilidades de cada dependencia, no incluye recursos adicionales y no explica los criterios de la solicitud.

El cargo La Cámara de Diputados aprobó reforma para que la SICT participe en la construcción de infraestructura de salud apareció primero en La Chispa de Chiapas.

Finsus, una sociedad financiera popular que actualmente ofrece servicios de ahorro e inversión, busca transformarse en una institución de banca múltiple. No obstante, su proceso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha despertado cuestionamientos debido a la presencia de exdirectivos y familiares ligados a CIBanco dentro de su estructura corporativa.

Según información obtenida por la revista Proceso, los documentos presentados por la propia financiera ante el regulador muestran vínculos empresariales, personales y financieros entre algunos de sus accionistas y el entorno directivo de CIBanco.

Uno de los casos más relevantes es el de Jorge Rangel de Alba Brunel, quien encabezó CIBanco durante años y aparece como accionista fundador de Finsus con una participación cercana al 8.58%. Además, forma parte del Comité de Remuneraciones de la empresa, lo que implica participación directa en las decisiones de gobierno corporativo.

El Consejo de Administración de Finsus está presidido por Norman Hagemeister Rey, quien también posee acciones de la compañía. Hagemeister es yerno de Rangel de Alba y durante casi una década fue consejero de la controladora de CIBanco. Su suplente en la estructura directiva es Patrick Hagemeister Rey, otro integrante de la misma familia.

La investigación también señala coincidencias en domicilios empresariales y relaciones financieras con firmas vinculadas al entorno de CIBanco. En algunos casos se han identificado préstamos millonarios y relaciones comerciales entre directivos y empresas relacionadas con ese grupo financiero.

El contexto se vuelve más relevante debido a los antecedentes regulatorios de CIBanco. En 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) señaló a esa institución como una entidad de “preocupación primaria” en materia de lavado de dinero, lo que derivó posteriormente en la pérdida de su licencia bancaria en México.

Ante este escenario, la eventual autorización para que Finsus se convierta en banco será evaluada con especial atención por las autoridades regulatorias.

El cargo Finsus busca licencia bancaria con todo y nexos con CIBanco apareció primero en La Chispa de Chiapas.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista cualquier tipo de influencia en las contrataciones públicas y anunció que la Secretaría Anticorrupción analizará el caso.

El contrato identificado como D.G.ADMON.SAT-161/F/2023 fue adjudicado en octubre de 2023 tras una licitación en la que participaron 28 empresas.

ELAM obtuvo el acuerdo por 2 mil 339 millones de pesos para proveer más de 1,300 camiones FAW, destinados al transporte de personal y carga.

No obstante, el contrato fue cancelado posteriormente debido a retrasos en los plazos de entrega, falta de unidades completas y diferencias en la calidad de los vehículos.

ELAM forma parte de Grupo Blanco y ha sido vinculada en reportes periodísticos con la obtención de contratos públicos en Hidalgo, donde su grupo ha participado en distintos proyectos de obra.

Por su parte, FAW arrastra antecedentes en el mercado mexicano, tras su incursión entre 2006 y 2009 mediante un esquema de comercialización con Grupo Salinas que no logró consolidarse, debido a problemas de aceptación, servicio postventa y disponibilidad de refacciones.

De acuerdo con declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, ese episodio representó uno de los fracasos empresariales más relevantes para su grupo. La actual asociación con Elam constituía, en ese sentido, un nuevo intento de posicionamiento en el país.

El cargo Gobierno revisará contrato millonario de Sedena con ELAM por incumplimientos apareció primero en La Chispa de Chiapas.

Según información revelada por la revista Proceso, la documentación presentada por la financiera ante el regulador muestra diversas conexiones entre Finsus y personas que formaron parte del entorno directivo de CIBanco.

Uno de los nombres centrales es el de Jorge Rangel de Alba Brunel, expresidente de CIBanco, quien figura como accionista fundador de la sofipo con cerca del 8.6% de participación. Además de su inversión, participa en órganos internos de la empresa, lo que le otorga influencia en decisiones relevantes.

El Consejo de Administración de Finsus está encabezado por Norman Hagemeister Rey, accionista y yerno de Rangel de Alba. Durante años, Hagemeister formó parte del consejo de la controladora de CIBanco. Su suplente en el órgano directivo es Patrick Hagemeister Rey, también familiar del exbanquero.

La investigación también señala coincidencias en domicilios corporativos y relaciones con empresas financieras vinculadas al mismo entorno empresarial. En algunos casos, directivos de Finsus han mantenido vínculos financieros con firmas relacionadas con ese grupo.

El contexto regulatorio también pesa en el análisis del caso. CIBanco acumuló sanciones por fallas en controles antilavado antes de perder su licencia bancaria, mientras que Finsus también ha recibido sanciones en la misma materia por parte de la CNBV.

Por ello, el proceso mediante el cual la sofipo busca transformarse en banco se desarrolla bajo una evaluación particularmente cuidadosa por parte de las autoridades financieras.

El cargo Accionistas y directivos ligados a CIBanco aparecen en estructura de Finsus apareció primero en La Chispa de Chiapas.

En los pasillos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el secreto a voces entre trabajadores se ha convertido en un grito para que se abra una investigación. La gestión de Efrén Emmanuel Jarquín González enfrenta hoy el cuestionamiento más severo que puede recibir un funcionario público: la sospecha de haber convertido una institución vital en un “Club de Tobi” donde la lealtad de grupo pesa más que la eficiencia administrativa, en detrimento de la salud de la ciudadanía.

La idea de que las licitaciones y contratos se reparten “entre cuates” no es una acusación menor. Mientras desde la oficina central se presumen inversiones históricas y “muros burocráticos derribados”, la realidad en las clínicas y hospitales cuenta una historia distinta: un desabasto de insumos que en algunos puntos críticos ha llegado a reportarse en niveles alarmantes de apenas el 8%.

No es coincidencia que en los primeros meses de este 2026, las batas blancas salgan a protestar a las calles de la capital y el Istmo, no para exigir aumento salarial o privilegios, sino para reclamar lo mínimo indispensable para realizar su labor y salvar vidas.

EL CÍRCULO DE LOS ELEGIDOS

En 2025, según el Portal Nacional de Transparencia (PNT), la SSO habría invertido poco más $1,525 millones de pesos en licitaciones por diversos servicios, obras y/o adquisiciones, que presuntamente han sido entregadas a un círculo empresarial de confianza, que ha transformado el sistema de salud pública en una caja de ahorros para los amigos del poder, que contrasta con la pobreza histórica de esta entidad.

La “Primavera Oaxaqueña” en salud parece florecer solo para quienes están dentro de ese exclusivo club, no importando si la razón social es local o foránea.

Empresas como la chilanga SERPROSEP, de José Ángel Gómez Hernández y Óscar Humberto Bistrain Tenorio, que el año pasado firmó dos contratos -uno de ellos de manera conjunta con Máxima Guía- por un monto de $360 millones 391 mil 906.4 pesos para vigilar las instalaciones de la SSO. Cabe señalar que la empresa, con sede en la CDMX, también ha obtenido contratos en el IPN, en el AICM, en Salud Federal, DIF Nacional, Infonavit, Banobras, ISSSTE, pero el grueso de contratos lo ha obtenido en la CONAFE.

Otras firmas de este club son las oaxaqueñas: Uniforma T con 10, cuya cabeza Antonio Alejandro Vásquez Cruz -quien en 2023 era asesor en administrativo en el Congreso- que en dos contratos por uniformar al personal de la SSO se agenció un monto de $113 millones 103 mil 702.8 pesos; y Uniformes Shaper, propiedad del junior de ascendencia italiano Carlo Spada Tello y Omar Hernández Juárez, que igualmente en dos contratos se embolsó la suma de $95 millones 830 mil 565.88 pesos.

Más ejemplos: la empresa Telecomunicación y Equipos, del todopoderoso Tomás Guillermo Braniff Suinaga, que en dos contratos -venta de un equipo de resonancia magnética y un tomógrafo- se llevó las suma de $96 millones 462 mil 180.32 pesos; Limpieza & Mantenimiento Limi del Valle de Oaxaca -administrada por Alberto Rodríguez Zúñiga, quien también administra la empresa Promotora de Espectáculos y Representación Musical del Norte, que ha ganado múltiples contratos en Oaxaca- que por el servicio de limpieza en las unidades médicas se metió $187 millones 600 mil pesos.

Tan solo este club de empresas se agenció más de $853.3 millones de pesos en contratos, lo que representa el 55.95 por ciento de los más de $1,525 millones que la SSO invirtió el año pasado.

Si Efrén Jarquín aspira a que su administración sea recordada por algo más que por el “amiguismo”, debe abrir y transparentar los procesos de adjudicación. El sector salud no es un club social ni una agencia al servicio del mejor postor; es el último refugio de los oaxaqueños que no tienen nada más que su derecho a la vida.

Oaxaca ya no aguanta más “cuates” ni licitaciones dirigidas. Si el titular de los SSO no rompe con su “Club de Tobi”, el costo no lo pagará su carrera política, sino la salud de miles que siguen esperando que la justicia social llegue, por fin, a las clínicas del estado.

El cargo EL ‘CLUB DE TOBI’ DE EFRÉN JARQUÍN EN SALUD #OAXACA: ¿LICITACIONES ENTRE CUATES? apareció primero en La Chispa de Chiapas.

El director de la fundación Yansa, revela él mismo en un video que acudiá a un audiencia de demanda por presunta extorsión y reconoce que quedaría privado de libertad en prisión preventiva y sus abogados estaban preparando para acudir en su defensa; ahora Yansa en redes sociales dice que “está desaparecido”.

Se victimiza Sergio Oceransky antes de caer tras las rejas. Oceransky reconoce de viva voz previo a ingresar al Centro de Justicia Oral en Jalisco, que sería detenido, por lo que preparó su defensa legal en esta entidad donde dice que nunca ha estado.

El presunto acusado de extorsión se victimiza ante publicaciones que medios de comunicación han hecho por la acusación que enfrenta.

VERSIÓN TEXTUAL DEL VIDEO EN VIVO DIFUNDIDO POR SERGIO OCERANSKY EN SUS REDES SOCIALES: “Estoy llegando al Centro de Justicia Oral donde se va a llevar a cabo la audiencia sobre un citatorio por una supuesta denuncia de extorsión en mi contra. Es un señor -al que- jamás ha visto en la vida. Voy a pedir que se me concedan las 144 horas que me concede el código de procedimiento penales para poder conocer mejor la capeta de investigación, los cargos en mi contra y poder aportar a mi defensa.

Tengo una orden de suspensión emitida por el juez de distrito número 5 de Yucatán, en espera que me den prisión preventiva hoy. En caso de que me den prisión preventiva van a actuar mis abogados, con un incidente de violación de la suspensión y que me liberen a las pocas horas. Confío en que no ocurra la detención y pueda estar en libertad. Pero si prepararme para la próxima audiencia en la que si hay riesgo de que pueda quedar en prisión preventiva.

Aparte del acompañamiento que la Fundación Yansa lleva en comunidades indígenas en la que se han llevado diversos megaproyectos y decisiones violatorios de sus derechos. Yo a nivel personal promoví una denuncia ante Profepa y una demanda de amparo contra proyectos inmobiliarios de ciudad Maderas en Yucatán.

Conseguí una orden de suspensión definitiva y en ese momento se intensificó una campaña de difamación y se convirtió ya en otra cosa sobre todo cuando promoví una incidental de violación de la suspensión por que no estaban cumpliendo con la suspensión definitiva y seguían construyendo.

A partir de ese momento inicia otra campaña de difamación movilizan a pseudos comunicadores y a redes sociales con amenazas de muerte mucho más directas, mensajes de muy mal gusto. En el contexto de esa campaña hay personas que afirman ser empleados de ciudad Maderas y uno de los supuestos que dan es que existe una carpeta de investigación en mi contra que debido a eso, no se, quizás no tenga nada que ver con lo de hoy, pero posiblemente si tenga que ver. Debido a esta situación tomé mis medidas me amparé y como condición para que se mantuviese la suspensión debía ponerme a disposición del juzgado.

Lo hice así. La orden salió el 25 de marzo, yo el 1 de abril ingresé ya el escrito y el viernes Santo en la tarde me llegó el citatorio para presentarme hoy aquí en la mañana y la verdad me complicó porque tuve que conseguir representación legal en Jalisco donde nunca jamás he estado solo he hecho cambio de avión en aeropuerto de Guadalajara por lo cual me resulta muy sorprendente que en el fuero común tengo denuncia supuestamente por extorsión aquí en Jalisco.

CABE DESTACAR QUE EN EL MES DE ENERO EJIDATARIOS DE CHUBURNÁ ACUSAN A YANSA Y SERGIO OCERANSKY POR SER USADOS Y DEFRAUDADOS.

Ejidatarios de Chuburná exhibieron incumplimientos, artimañas y mentiras de la Fundación Yansa y a su director, Sergio Oceransky, quien para sus fines mercantiles los uso como “bandera social”, es decir como carnadas con promesas de pagarles y no les cumplió. Por eso decidieron protestar de manera pacífica exigiendo sus derechos Ejidatarios del ejido de Chuburná, tomaron las calles para denunciar lo que consideran un presunto incumplimiento y burla por parte de la Fundación Yansa y su director, Sergio Oceransky, relacionado con acuerdos económicos pactados con la comunidad. De acuerdo con los manifestantes, durante 2024 se les habría ofrecido un pago cercano a los cinco millones de pesos como parte de un acuerdo derivado de gestiones realizadas en el contexto del conflicto generado por la clausura del proyecto Ciudad Maderas.

Sin embargo, aseguran que dicho compromiso no se ha cumplido, lo que ha generado inconformidad, desconfianza y preocupación entre los ejidatarios. Durante la movilización, los participantes señalaron que la fundación presuntamente intervino en asuntos internos del ejido con promesas de respaldo legal y financiero que, hasta el momento, no se han materializado. “No estamos buscando pleito, estamos buscando respuestas”, expresaron algunos de los ejidatarios, quienes afirmaron que su objetivo es que la fundación explique con claridad el destino de los compromisos asumidos.

Los inconformes también indicaron que han acudido a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncias relacionadas con este caso. Asimismo, advirtieron que situaciones similares podrían estarse presentando en otros ejidos de Yucatán, como Kinchil e Ixil, donde —según testimonios locales— la Fundación Yansa ha participado en procesos de asesoría que hoy generan conflictos entre los habitantes.

El cargo Reportan detención de Sergio Oceransky en Jalisco apareció primero en La Chispa de Chiapas.

Claudia Sheinbaum durante su tradicional “mañanera del pueblo” confirmó la salida del titular de ANAM Rafael Marín Mollinedo.

El cargo CONFIRMA PRESIDENTA SALIDA DE TITULAR DE ADUANAS EN EL PAÍS apareció primero en La Chispa de Chiapas.

Según la información difundida, la licitación no se desarrolló bajo un esquema abierto, sino que habría sido dirigida a una sola empresa: Servicios Broxel, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia.

Este programa contempla una asignación de hasta 1,750 millones de pesos para el financiamiento de actividades sociales, lo que ha incrementado la atención sobre las condiciones del proceso.

Entre los requisitos que generaron controversia destaca la obligación de entregar 700 mil tarjetas personalizadas en un plazo de 10 días tras el fallo, lo que ha sido considerado un reto logístico significativo.

Algunos analistas señalan que estas condiciones podrían implicar que las tarjetas ya estaban producidas previamente, lo que cuestiona la equidad de la licitación.

El esquema incluye beneficios como seguros de vida y asistencia veterinaria, con una comisión mensual de 352 millones de pesos, aunque beneficiarias expresaron falta de claridad sobre los servicios y su funcionamiento.

En el procedimiento solo participaron Broxel y Previvale, siendo esta última la única que presentó preguntas en la junta de aclaraciones, mismas que fueron rechazadas, al igual que propuestas de modificación en requisitos.

Los antecedentes en otras entidades también generaron preocupación, como en Jalisco, donde trabajadores vinculados a la Universidad de Guadalajara reportaron fallas en las tarjetas, incluyendo problemas en transacciones y en plataformas digitales.

Además, usuarios en regiones fuera de zonas metropolitanas señalaron dificultades para utilizar las tarjetas por la falta de establecimientos afiliados, mientras que en Monterrey se documentaron errores en depósitos que alcanzaron hasta 20 mil pesos en cuentas que debían recibir 2,150 pesos.

En este contexto, fuentes del gobierno indicaron que Ernesto Armendáriz Ramírez, delegado de Programas para el Bienestar, tiene conocimiento de estas denuncias, las cuales están siendo investigadas por la Secretaría Anticorrupción.

El cargo Cuestionan asignación de programa Mujeres con Bienestar a Broxel por condiciones de licitación apareció primero en La Chispa de Chiapas.

El punto de partida se remonta a 2017, cuando se formalizó la compra de un terreno de 3,762 metros cuadrados en Huixquilucan por apenas 790 mil pesos, una cifra muy por debajo del valor de mercado. El dato no sería relevante por sí solo si no fuera por un elemento clave: la operación se realizó a nombre de una persona que ya había fallecido.

Ese mismo año, se repitió el patrón. Una residencia en Bosques de las Lomas fue adquirida bajo un esquema similar, también con una vendedora fallecida meses antes. Ambas operaciones quedaron formalmente inscritas, pese a las inconsistencias documentales.

A partir de ahí, el crecimiento patrimonial fue acelerado. El terreno en Huixquilucan se transformó en una propiedad de alto nivel —con infraestructura de lujo— y fue vendido en 2022 por 12 millones de pesos, multiplicando su valor original. El comprador: un dirigente estatal del PAN.

El salto internacional ocurrió ese mismo año. En enero de 2022, Vargas adquirió un departamento de lujo en Sunny Isles Beach, Florida, dentro del complejo Armani Casa Residences, por 3.5 millones de dólares. La operación se realizó a través de una empresa constituida en Delaware, un esquema que permite mantener discrecionalidad sobre la propiedad.

A esto se suma su participación en diversas empresas inmobiliarias y constructoras, varias con vínculos familiares, que operan como soporte de esta estructura patrimonial.

El resultado no es una serie de coincidencias, sino un patrón: compras iniciales con irregularidades, valorización acelerada y traslado de capital hacia activos internacionales. La pregunta ya no es si existe una estrategia, sino cómo se sostiene y bajo qué reglas.

El cargo De escrituras dudosas a millones en Miami: la ingeniería patrimonial de Vargas apareció primero en La Chispa de Chiapas.

El resultado principal no dejó margen de duda. La fórmula encabezada por Higinio Martínez Miranda, abanderada por Morena-PT-PVEM, obtuvo más de 4.7 millones de votos, equivalentes a aproximadamente el 63% de la votación. En contraste, la coalición opositora alcanzó cerca de 2.6 millones de votos, es decir, alrededor del 35%, quedando a una distancia superior a los dos millones de sufragios.

Este margen evidencia que Vargas del Villar no logró construir una base electoral propia sólida. De hecho, el desglose interno de la votación dentro de la coalición revela una dependencia significativa de otras fuerzas políticas: el PAN aportó cerca de 1.2 millones de votos (45%), mientras que el PRI contribuyó con aproximadamente 900 mil (35%) y el PRD con alrededor de 500 mil votos (20%). En conjunto, PRI y PRD sumaron más votos que el propio PAN, lo que confirma que su posicionamiento electoral descansó en la alianza, no en un liderazgo individual.

El diseño del sistema electoral mexicano permite que, en cada entidad, se asignen tres escaños al Senado: dos para el primer lugar y uno para la llamada primera minoría. Fue bajo esta figura que Vargas del Villar accedió al cargo, pese a la amplia derrota de su coalición frente a Morena.

Sin embargo, lejos de consolidar una presencia política basada en resultados electorales, en círculos políticos y mediáticos ha comenzado a señalarse un viraje en su estrategia: ante la falta de respaldo ciudadano, se habría intensificado la inversión en posicionamiento mediático, incluyendo contratación de espacios, campañas de imagen y difusión sistemática en medios de comunicación.

A esto se suma, de acuerdo con versiones que circulan en el ámbito político, la búsqueda de legitimación a través de reconocimientos y premios de dudoso rigor, utilizados como herramientas de promoción personal más que como reflejo de logros verificables. Este tipo de prácticas, si bien no son nuevas en la política mexicana, adquieren relevancia cuando se contrastan con resultados electorales adversos.

El caso pone sobre la mesa una discusión de fondo: la distancia entre representación formal y respaldo real. Aunque la figura de primera minoría garantiza pluralidad en el Senado, también permite que perfiles sin mayoría ciudadana accedan a posiciones de poder, apoyados más en estructuras partidistas que en votos directos.

En el Estado de México, la elección fue clara: Morena obtuvo una victoria amplia y contundente, mientras que la oposición quedó relegada a un segundo plano. En ese contexto, el ascenso de Vargas del Villar al Senado no responde a un triunfo electoral propio, sino a un mecanismo institucional que, en los hechos, compensa la derrota.

Hoy, el reto para el senador no es menor: construir legitimidad más allá de la coalición que lo llevó al cargo. Sin embargo, la apuesta por el posicionamiento mediático y la promoción personal parece, hasta ahora, sustituir lo que no logró en las urnas.

El cargo Sin respaldo en las urnas, Vargas llega al Senado por arrastre de coalición y busca reposicionarse en medios apareció primero en La Chispa de Chiapas.