Javier Milei busca limitar la protección de los glaciares para atraer inversiones mineras en Argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, se dispone a dar un paso decisivo en su cruzada por desregular la economía: una reforma en la ley de protección de glaciares que abrirá las puertas a millonarias inversiones mineras en el país latinoamericano, en el que hasta ahora ha prevalecido un paradigma de protección de los recursos hídricos.
Con la firma del mandatario, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma a la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
La normativa vigente, sancionada en 2010, impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, definidos como área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.
“Todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas”, según el texto de reforma.
El cambio en el marco regulatorio podría facilitar inversiones por más de 30 mil millones de dólares, según estimaciones el sector minero para la próxima década. El 70% estaría destinado a nuevos proyectos de cobre, oro y plata.
El gobierno de Milei apuesta a la minería para conseguir parte de los dólares necesarios para fortalecer sus reservas internacionales que le permitan afrontar sus abultados pagos de deuda. Sólo en 2026, el país sudamericano deberá cancelar vencimientos de deuda por 20 mil millones de dólares.
Sin embargo, la reforma en la ley de glaciares ha generado el rechazo unánime de las organizaciones medioambientales.
“Los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen de forma directa a 7 millones de personas en el país e indirectamente sostienen actividades económicas regionales”, advirtió Greenpeace.
