Pantelhó: entre la deuda democrática y el olvido institucional
Chiapas.- El municipio de Pantelhó, enclavado en la región Altos de Chiapas, es un símbolo doloroso de lo que ocurre cuando el Estado no logra garantizar lo más básico: el derecho a elegir. En un país que presume ser una democracia en consolidación, la falta de elecciones ordinarias y extraordinarias en esta comunidad indígena es más que una irregularidad; es una herida abierta a la participación ciudadana.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, Mario Francisco Guillén Guillén, ha declarado que el Poder Legislativo acatará “en su momento” la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que aún no ha sido notificada formalmente. Aún así, los comentarios oficiales se manejan como si Pantelhó fuera un asunto pendiente más, una carpeta que puede esperar turno en el Congreso. Pero no lo es.
Pantelhó no ha tenido elecciones locales desde 2021, y los comicios extraordinarios de junio y agosto de 2024 fueron cancelados. En su lugar, se instaló un concejo municipal que, aunque legalizado por la legislatura anterior, no es producto de la voluntad directa de sus habitantes. Este modelo de “gobierno por excepción” se ha convertido en una peligrosa norma para comunidades marcadas por la violencia, la tensión política y el abandono institucional.
Las causas son complejas. Pantelhó ha vivido episodios de conflicto armado, enfrentamientos entre grupos comunitarios y la desconfianza total hacia partidos políticos y órganos electorales. Sin embargo, la ausencia de condiciones de paz no justifica la suspensión indefinida de los derechos democráticos. Por el contrario, obliga al Estado a intervenir con sensibilidad, recursos y compromiso, no solo con protocolos legales.
Pantelhó merece trato especial: Congreso
Es alentador que el diputado Guillén reconozca que Pantelhó “merece un trato especial”, pero ese trato debe comenzar por garantizar el derecho al voto y al autogobierno bajo marcos democráticos. Delegar todo al gobernador o a la Secretaría General de Gobierno es insuficiente si el Congreso no toma una postura proactiva. La espera pasiva hasta que “llegue la sentencia” revela una preocupante desarticulación entre poderes.
El caso de Pantelhó también plantea un dilema mayor: ¿qué tan funcional es nuestra democracia si hay territorios donde votar es aún una promesa incumplida? Las elecciones no pueden ser opcionales, ni adaptarse a criterios de conveniencia política. La voz de las comunidades indígenas debe expresarse en las urnas, no solo en mesas de diálogo.
El Congreso de Chiapas y el gobierno estatal deben asumir con urgencia y responsabilidad el mandato constitucional de garantizar elecciones libres y seguras en Pantelhó. Si el Tribunal Electoral emite una sentencia en ese sentido, no bastará con acatarla: habrá que construir las condiciones sociales, de seguridad y de confianza para que el proceso no sea otra imposición, sino un acto genuino de justicia democrática.
