Muere en “La Popular”; 11 funcionarios bajo investigación
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. — La muerte de Jesús Iván dentro del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas, conocido como “La Popular”, ha encendido la indignación pública en Chiapas, luego de que la Fiscalía estatal confirmara que el joven falleció a causa de múltiples golpes en el pecho, y no por causas naturales, como se sugirió inicialmente.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que la víctima murió por una hemorragia postraumática secundaria a múltiples contusiones torácicas, es decir, por una golpiza que le provocó un daño letal. Jesús Iván había sido detenido por una falta administrativa la noche del domingo y, apenas unas horas después, su cuerpo fue encontrado sin vida en los separos al amanecer del lunes.
Tras el hallazgo, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y movilizó a peritos, agentes ministeriales y personal del Ministerio Público al lugar. El cuerpo fue identificado por su madre, quien acudió al llamado de las autoridades.
Hasta el momento, 11 personas —entre policías municipales, personal administrativo y médicos de guardia— se encuentran detenidas y rindiendo declaración, aunque no se ha definido oficialmente quiénes serán imputados por el homicidio.
“El compromiso es claro: cero impunidad”, aseguró el fiscal, quien prometió que se actuará conforme a derecho.
Una tragedia que evidencia abusos persistentes
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el uso de la fuerza en centros municipales como “La Popular”.
La muerte de una persona detenida por una falta menor y bajo custodia del Estado revive el debate sobre el abuso de autoridad, la falta de protocolos de supervisión y la ausencia de controles reales dentro de las corporaciones locales.
Este no es un caso aislado: muertes bajo custodia han sido documentadas en años recientes en Chiapas, sin que se hayan logrado sanciones ejemplares.
Activistas y organizaciones civiles han señalado la existencia de un patrón de impunidad cuando se trata de violaciones cometidas por fuerzas de seguridad locales.
Mientras las investigaciones continúan, persiste una pregunta que interpela a las instituciones responsables de la seguridad y los derechos humanos:
¿Cómo puede alguien terminar muerto por golpes dentro de una celda estatal, bajo vigilancia permanente, tras cometer sólo una falta administrativa?
