Gobierno de Chiapas: de los más corruptos del país
Denuncian el uso de lagunas legales para extorsionar a empresarios con sumas millonarias
El gobierno de Chiapas, bajo la administración de Rutilio Escandón Cadenas, ha sido señalado por sus ciudadanos como uno de los más corruptos del país. Según el Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción 2022, los niveles de percepción de corrupción en la entidad son alarmantes, afectando diversas estructuras de los tres poderes del estado.
Estos señalamientos no solo se basan en la percepción de la ciudadanía, sino también en escándalos recientes que involucran a figuras clave de la administración pública.
Corrupción en el Tribunal Superior de Justicia
Uno de los casos más notorios en la gestión de Escandón involucra al exmagistrado José Tomás Garrido Muñoz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Guillermo Ramos Pérez, y un empresario particular, José Francisco Echevarría Blanco, dueño de la Plaza Baktún. Este grupo, utilizando lagunas legales, convirtió un adeudo de 711 mil pesos en una demanda que asciende a más de 3 mil millones de pesos, todo derivado de un conflicto vecinal.
Este tipo de estrategias legales han sido utilizadas sistemáticamente dentro del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas y la Fiscalía del Estado, donde se orquesta una red de extorsiones dirigidas a empresarios. A través de juicios amañados, se han generado cuantiosas sumas de dinero, afectando gravemente la economía y reputación de los involucrados.
Un “Año de Hidalgo” en puerta
La posibilidad de que los funcionarios chiapanecos estén preparando el llamado “Año de Hidalgo”, una práctica en la que se busca desviar recursos antes de que concluya un mandato gubernamental, es cada vez más evidente. Los ciudadanos consideran que los niveles de corrupción en Chiapas son “altos” o “muy altos”, según el mencionado diagnóstico estatal. Este fenómeno genera desconfianza en las instituciones y acrecienta la brecha entre el gobierno y la ciudadanía.
Chiapas: entidad con mayor percepción de corrupción
En 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) publicó un estudio que posiciona a Chiapas como la entidad con mayor percepción de corrupción en México, alcanzando un 88.3 por ciento, superando a estados como Michoacán (88 por ciento), Puebla (87.8 por ciento) y Ciudad de México (87.8 por ciento).
Este informe detalla que en noviembre-diciembre de ese mismo año, el 83.1 por ciento de la población chiapaneca consideraba que los actos de corrupción eran habituales. Además, el 14 por ciento de la población que realizó trámites o tuvo contacto con servidores públicos experimentó directamente actos de corrupción.
A nivel nacional, los costos de la corrupción en 2023 se estimaron en 11 mil 910.6 millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 3 mil 368 pesos por persona afectada. Estos datos dejan en evidencia la magnitud del problema y el impacto económico que genera en la población.
Chiapas y la insatisfacción con los servicios públicos
Chiapas también destaca en otro ámbito negativo: es la cuarta entidad con menor satisfacción general con los servicios públicos básicos y los servicios bajo demanda. Solo el 43 por ciento de la población está conforme con los servicios que recibe, ubicándose por encima de Tabasco, Guerrero y Oaxaca, que también registran bajos niveles de satisfacción. La deficiencia en los servicios, junto con la corrupción, refuerza la imagen de un gobierno que está fallando en proporcionar bienestar a sus ciudadanos.
El estudio del Imco, basado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2023 del Inegi, muestra que en Chiapas, 8 de cada 10 personas consideran que los actos de corrupción son frecuentes, un dato que reafirma el deterioro de la confianza ciudadana en sus autoridades.
Hasta el día de hoy, la administración de Rutilio Escandón enfrenta severas críticas por su manejo corrupto y por las redes de extorsión dentro del sistema judicial. La percepción de corrupción en el estado es alta, y el uso de lagunas legales para enriquecerse a costa de empresarios y ciudadanos es una práctica denunciada constantemente. A medida que se aproxima el final del mandato de Escandón, las expectativas de un “Año de Hidalgo” han generado temor sobre un posible saqueo de los recursos estatales, acentuando el malestar social en una de las entidades más golpeada por la corrupción en México.
