Crisis de desapariciones en Chiapas: un llamado urgente a la acción
Chiapas sigue siendo uno de los estados más afectados por la desaparición forzada de personas en México, particularmente la de menores de edad. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre enero y marzo de 2025 se emitieron más de 83 fichas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en la entidad.
Esta cifra, alarmante por sí misma, es solo un reflejo de un fenómeno que sigue siendo uno de los grandes desafíos en materia de derechos humanos en el sur del país.
Las desapariciones de menores no solo son un delito que traumatiza a las víctimas directas, sino que también tiene un profundo impacto en la sociedad en su conjunto.
Analistas como Jorge López Arévalo economista y profesor de la Universidad de Chiapas, ha señalado que este problema sigue siendo una de las principales preocupaciones para la región, y especialmente para Chiapas, que por su contexto geográfico y social se ha convertido en un punto crítico para las desapariciones.
No todos son desapariciones, según Fiscalía
A pesar de que las autoridades, como el Fiscal General del Estado, Jorge Llaven Abarca, insisten en que no todos los casos de desapariciones corresponden a desapariciones forzadas, las estadísticas y testimonios reflejan una realidad distinta.
El argumento de las “ausencias voluntarias” no puede minimizar la magnitud del problema. Es cierto que algunas desapariciones pueden estar vinculadas a situaciones particulares, pero la prevalencia de casos en los que se desconocen los paraderos de niños y jóvenes indica una grave crisis que necesita ser atendida de manera integral.
El testimonio de un estudiante cuyos familiares fueron secuestrados en una combi, dejando solo a dos menores, pone en evidencia la tragedia humana detrás de las cifras. No se trata de un caso aislado; este tipo de hechos se repite, afectando no solo a las víctimas directas, sino a toda la comunidad, generando una constante sensación de miedo e inseguridad.
Hay avances, gobierno fortalece los operativos
A tres meses del gobierno encabezado por Eduardo Ramírez, las autoridades aseguran que se han realizado avances en la materia, pero la desconfianza persiste. El hecho de que las cifras de desapariciones sigan siendo tan altas demuestra que aún queda mucho por hacer.
El Gobierno del Estado debe seguir apostando por fortalecer los operativos, mejorar la coordinación con las fuerzas federales y, sobre todo, garantizar que se prioricen los derechos humanos en cada una de las investigaciones.
Si bien algunos analistas coinciden en que la situación ha mejorado en términos generales, especialmente en la movilidad dentro del estado, la desaparición de menores de edad debe ser un tema prioritario para las autoridades.
Es necesario que se redoblen los esfuerzos para proteger a la población más vulnerable y que la sociedad no se sienta desprotegida ante la creciente ola de violencia que ha golpeado a Chiapas.
La desaparición forzada no es solo un crimen individual, es un ataque al tejido social ya los valores de justicia y equidad que deberían caracterizar a cualquier sociedad.
En un contexto donde la violencia y la impunidad parecen prevalecer, las autoridades deben comprometerse a actuar con urgencia y transparencia para erradicar este flagelo que continúa marcando a Chiapas como un foco rojo en el país.
Es momento de que los esfuerzos no solo sean retóricos, sino que se traduzcan en acciones concretas y en resultados visibles para las familias de Chiapas. La desaparición de menores no puede convertirse en una normalidad; por el contrario, debe ser la prioridad en la agenda de
