60% de desapareciones en Chiapas son mujeres: Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que la desaparición de personas en México constituye una práctica sistemática y generalizada que debe considerarse un crimen de lesa humanidad. En Chiapas supera el promedio nacional de desapariciones de mujeres, quienes representan más del 60% de los casos, muchas de ellas vinculadas a redes de trata y explotación sexual.
En un comunicado difundido este domingo, el organismo denunció que esta violencia persiste con la complicidad, omisión y permisividad de las autoridades.
Frayba sostuvo que las desapariciones en el país tienen una raíz histórica utilizada por el Estado como mecanismo de control, represión y exterminio, especialmente contra personas o grupos considerados opositores.
Recordó que durante el periodo conocido como la “guerra sucia”, agentes estatales, incluyendo fuerzas armadas y cuerpos policiales, fueron responsables de desapariciones forzadas.
EZLN un factor de desapariciones
En el caso de Chiapas, el centro señaló que tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el gobierno federal impulsó una estrategia de contrainsurgencia mediante el “Plan de Campaña Chiapas 94”.
Esta política incluyó el fomento y operación de grupos paramilitares, particularmente en zonas con presencia zapatista, lo que provocó desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, como la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997.
Frayba documentó que entre 1995 y 2000, en municipios como Yajalón, Palenque, Salto de Agua, Sabanilla y Tila, desaparecieron 38 personas a manos de grupos paramilitares, además de 32 combatientes zapatistas que también fueron reportados como desaparecidos.
Otro caso grave fue el ataque en Viejo Velasco, Ocosingo, en 2006, donde cuatro personas continúan desaparecidas. Algunos de estos casos han sido presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo también recordó que en diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, ocurrida en Sabanilla en 1999, cuando era base de apoyo del EZLN.
El tribunal internacional ordenó la creación de un registro único de personas desaparecidas y la categorización clara de desapariciones forzadas.
Finalmente, Frayba criticó la falta de implementación del Consejo Estatal Ciudadano, contemplado en la ley estatal de desaparición, y subrayó que el Estado tiene el deber de garantizar justicia y reparación a las víctimas. “El silencio no es opción; los murmullos por la verdad y la justicia van creciendo hasta encontrarles”, concluyó el organismo.
