La naturaleza no espera: Urge responsabilidad ambiental en Chiapas
Chiapas.- En una serie de acciones contundentes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha clausurado recientemente tres plantas extractoras de aceite de palma y una operación minera ilegal en Chiapas. Este esfuerzo, lejos de ser solo una aplicación de la ley, representa una advertencia clara: el deterioro ambiental ya no puede ignorarse, mucho menos ser tolerado por quienes lucran sin rendir cuentas.
Las inspecciones realizadas entre el 14 y el 16 de abril revelaron prácticas profundamente irresponsables en el manejo de aguas residuales por parte de empresas que operan en los municipios de Acapetahua y Villa Comaltitlán.
Las tres extractoras de aceite de palma clausuradas no contaban con permisos de descarga, sistemas de tratamiento adecuados ni registros de monitoreo ambiental. En otras palabras: operaban en una impunidad ambiental que, hasta ahora, no había encontrado freno.
Las consecuencias no son menores. Aguas residuales cargadas de contaminantes como materia orgánica, bacterias coliformes fecales y metales pesados están infiltrándose en el suelo, envenenando terrenos agrícolas y cuerpos de agua, y comprometiendo la salud de comunidades enteras.
No se trata solo de un tema administrativo. Se trata de la vida.
En paralelo, la Profepa también clausuró actividades de extracción de barita en el predio “El Caribe”, en Chicomuselo, un ejemplo claro de la devastación ecológica provocada por la minería ilegal.
La intervención conjunta con fuerzas federales reveló la explotación de 180 hectáreas sin autorización de cambio de uso de suelo en zonas forestales, demostrando cómo algunos intereses económicos anteponen el lucro a la legalidad y al equilibrio ecológico.
No son casos aislados
Lo preocupante es que estas prácticas no son casos aislados. Reflejan una cultura de omisión ambiental donde empresas —grandes o pequeñas— operan sin supervisión adecuada, confiadas en la lentitud del sistema o la falta de fiscalización. Este patrón debe romperse.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es clara: las descargas sin tratamiento, así como la extracción ilegal de minerales, son actos que atentan contra los ecosistemas y la salud pública.
La Profepa, al imponer clausuras temporales y procedimientos administrativos, da un paso correcto. Pero este debe ser solo el inicio de una vigilancia sostenida y rigurosa.
Es momento de que las autoridades locales, estatales y federales actúen con visión de largo plazo. Chiapas, uno de los estados con mayor biodiversidad del país, no puede seguir siendo tierra de sacrificio ambiental.
Las comunidades merecen desarrollo con justicia ambiental, no extractivismo descontrolado.
Las empresas deben entender que el respeto al medio ambiente no es opcional. Es una obligación legal, ética y social. Porque el agua que se contamina hoy, es la enfermedad de mañana. Y la tierra que se explota sin conciencia, es el hambre de generaciones futuras.
