Junio sangriento para las mujeres en Chiapas
San Juan Chamula, Chiapas.— Junio de 2025 cierra como el mes más letal para las mujeres en Chiapas. El asesinato de Lola Patricia, regidora tsotsil y sexta víctima de feminicidio en lo que va del mes, eleva a 19 el total de feminicidios en Chiapas durante 2025. Lejos de ser cifras, representan 19 familias rotas, 19 vidas arrebatadas, 19 heridas al tejido social, como lo subraya la Colectiva 50 + 1.
La fiscalía general del Estado abrió carpeta con protocolo de feminicidio, activando un equipo especializado de las fiscalías de feminicidio y justicia indígena. Sin embargo, hasta ahora, no se perciben resultados tangibles. El sospechoso, presuntamente su esposo, permanece prófugo.
Desde 2016 Chiapas está bajo Alerta de Violencia de Género (AVG), una medida que hoy evidencia sus limitaciones más que su eficacia. La AVG cubre siete municipios —luego ampliada a 16 en Altos Tsotsil-Tseltal—, pero no ha logrado frenar la violencia feminicida.
Las autoridades han desplegado protocolos, campañas de sensibilización y protocolos institucionales. Sin embargo, los feminicidios siguen en ascenso, y “la sociedad no percibe la urgencia” de la crisis. Ese “estar ocupado en papel” ha dejado a miles de mujeres vulnerables: indígenas, rurales, invisibilizadas.
Lo grave no es sólo lo que pasa: es lo que no pasa
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Recursos, seguimiento y evaluación deficientes. A nueve años de la AVG, no hay transparencia ni evidencia de los fondos comprometidos, ni indicadores de impacto
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Vulnerabilidad estructural permanente. Las mujeres indígenas siguen sin ser prioridad. No basta con declararlo — se necesita atención específica, local y culturalmente adecuada.
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Justicia en el aire. El agresor sigue suelto; mientras tanto, la familia de Lola Patricia y todas las demás víctimas viven en la impunidad y el dolor prolongado.
Una Alerta que no alerta
Luis Buñuel decía que “la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando un resultado distinto”. Eso es la AVG en Chiapas: repetir acciones sin resultados claros. Requiere mayor:
- Transparencia – publicar recursos disponibles y ejercicio del presupuesto.
- Evaluación – medir impacto en reducción de feminicidios y vulnerabilidad.
- Adaptación cultural – involucrar a comunidades indígenas en diseño y ejecución de estrategias.
- Acción rápida – detenidos y sentencias claras en cada feminicidio; sin esto, la impunidad será el mensaje que la sociedad reciba.
Hacia un cambio urgente
Las reglas y protocolos deben transformarse en realidad cotidiana. No se debe esperar a que la sangre derramada supere un número simbólico para actuar. El Gobierno y la Fiscalía deben:
- Efectuar operativos de búsqueda inmediatos y efectivos contra agresores que eluden la justicia.
- Asegurar acompañamiento digno y justicia reparadora para las familias sobrevivientes.
- Rediseñar la AVG con visión territorial, con acompañamiento comunitario y recursos evaluados públicamente.
En Chiapas, junio dejó un mensaje brutal: la violencia feminicida es imparable sin voluntad política y acción efectiva. Las feministas de la Colectiva 50 + 1 tienen razón al decir que “la violencia nos ahoga”. No podemos seguir viendo a la AVG como un protocolo muerto en papel. Es hora de exigir políticas que vivan, que sí alerten, protejan y detengan. Cada feminicidio, cada mujer asesinada, debe detener la inercia institucional y obligar a las autoridades a actuar, con urgencia y valentía.
