Silencio oficial, muerte impune: Chiapas le falla a sus estudiantes
Chiapas.- El asesinato de Jesús Alaín, estudiante de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, no solo es una tragedia: es un crimen que, hasta ahora, ha sido respondido con la indiferencia cómplice del Estado. A más de una semana de su muerte, ocurrida durante una persecución policial, el gobierno de Chiapas guarda un silencio que ofende.
No hay responsables identificados, no hay esclarecimiento de hechos y, lo más grave, no hay voluntad política visible para que se haga justicia al joven estudiante muerto.
Mientras los jóvenes marchan en silencio, el gobierno calla. Y en ese contraste brutal entre el dolor colectivo y la desatención institucional, se dibuja con nitidez una realidad alarmante: en Chiapas, ser joven, pobre y organizado políticamente puede costarte la vida… y nadie en el poder se inmuta.
Los compañeros de Jesús Alaín no piden favores, exigen justicia. No lanzan acusaciones a la ligera: sostienen que se trató de una ejecución extrajudicial, y aseguran contar con pruebas físicas como casquillos percutidos abandonados en la escena. Aun así, el gobierno estatal parece más preocupado por contener la protesta que por investigar el crimen.
Este caso no es aislado. Es parte de una larga historia de criminalización hacia las normales rurales, donde los estudiantes —hijos e hijas de campesinos, obreros y pueblos originarios— han sido históricamente estigmatizados por su conciencia política, por su organización, por atreverse a cuestionar la desigualdad desde la educación.
De Ayotzinapa a Mactumactzá, el patrón se repite: desapariciones, represión y silencio.
Las instituciones como la Fiscalía del Estado o Seguridad Pública, que deberían proteger a los jóvenes han optado por protegerse a sí mismas, expusieron los normalistas en su marcha.
Ni una postura oficial clara, ni una investigación pública, ni una narrativa que reconozca la gravedad de lo ocurrido. Solo el desprecio de siempre, camuflado de burocracia.
Pero los estudiantes han dado una respuesta contundente. En silencio, con veladoras, con playeras blancas, con una claridad política que avergüenza a más de un funcionario.
“No salimos por gusto ni por capricho. Salimos a exigir porque tenemos un objetivo claro: la verdad y la justicia”, dicen.
Las autoridades estatales y federales tienen la obligación —no la opción— de esclarecer este crimen. No hay margen para la omisión, ni justificación para la dilación.
El asesinato de un estudiante en manos de agentes del Estado no puede resolverse con comunicados vacíos, ni mesas de diálogo eternamente pospuestas. La justicia no se negocia.
La muerte de Jesús Alaín no puede quedar impune, dijeron los manifestantes. No solo porque se lo deben a su familia y a sus compañeros, sino porque se lo deben a todo un país que ya no soporta otro caso más archivado, otra vida más borrada, otro joven más reducido a cifra.
Ya basta de silencio. El Estado debe hablar, pero sobre todo, debe actuar, externaron los jóvenes
